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El CCE busca revocar Acuerdo de Política de Confiabilidad de Sener

Según el Consejo Coordinador Empresarial, con el Acuerdo de Política de Confiabilidad, la Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores.

El Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, de la Secretaría de Energía (Sener), empieza a contraponerse con el sector privado a unos días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

El CCE (Consejo Coordinador Empresarial), junto con los 12 organismos que lo integran, así como la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales levantan la mano y hacen un llamado a revocar dicho documento.

Según lo referido, el Acuerdo de Política de Confiabilidad viola el marco constitucional y legal mexicano al no respetar procesos legales y normativos, lo que –señalan– representa un ataque a la certeza jurídica de las inversiones en México. 

Pérdidas millonarias 

Con esto, coinciden, se potencia la pérdida de empleos y la confianza de inversionistas, además de que afectan los proyectos eléctricos en al menos 18 estados de la República: inversiones que, aseguran, representan más de 30 mil millones de dólares. 

De forma adicional, explican que con el Acuerdo de Política de Confiabilidad no sólo se discriminan las energías renovables, sino que se faculta a las autoridades para encarecer la generación de electricidad en el país, a la vez que se desplaza cualquier proyecto de generación del sector privado. 

Sector privado en desacuerdo 

En este sentido, el CCE hace un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para esclarecer las condiciones bajo las cuáles se publicó el acuerdo y piden revocarlo de forma inmediata. 

Bajo ese contexto, advierten que el sector privado, junto con generadores, comercializadores y consumidores de energía, recurrirán a todos los recursos jurídicos a fin de salvaguardar la integridad del Estado de Derecho y defender al sector energético nacional.

 

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