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Nueva rutina para transformar plásticos: Dos posturas y varias controversias

Por Julio César Sánchez

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de productos plásticos de un solo uso. Con 51 votos a favor, cero en contra y una abstención, esta reforma a la Ley de Residuos Sólidos entrará en vigor en diciembre de 2020 para bolsas.

De forma adicional, y a partir del 1º de enero del 2021, se contempla la prohibición de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, cápsulas de café y aplicadores de tampones que se fabrican total o parcialmente de plástico.

De acuerdo con Alethia Vázquez, profesora e investigadora en el Departamento de Energía de la división de Ciencias Básicas de la UAM, el gobierno habla de economía circular pero, a la fecha, ningún legislador le preguntó a los recicladores cómo podría facilitarse su tarea.

“No hay incentivos para los recicladores, porque no existen. El reciclaje se complejizó fiscalmente con esta idea del gobierno que evita el lavado de dinero. Hay un sistema de facturación que lo vuelve más difícil. Se complicó en nuestro país, puesto que el reciclaje siempre empieza con el acopio informal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se preocupa más por el control y no por generar incentivos”.

Puntos álgidos

La exposición de motivos de la legislación expone la idea del bioplástico como una total biodegradación. Sin embargo, y según los especialistas en el manejo de residuos sólidos urbanos (RSU), no es necesariamente cierto, puesto que “bioplástico” no es sinónimo de “biodegradable”. El texto es dudoso, refieren los recicladores. 

Alethia Vázquez asegura que la disposición de ley presenta cambios importantes para la Industria del Plástico y considera que el punto que otorga a la Sedema (Secretaría del Medio Ambiente) debe preocupar a los distintos sectores, de establecer precio de garantía para los productos irregulares complejos. “Pregunté a la Sedema a qué se referían y no me supieron decir”.

¿Retos superables?

En las prohibiciones a nivel nacional hay aspectos políticos importantes, explica la investigadora, y la Ciudad de México, desde su punto de vista, no se podía quedar atrás. “No sólo no se podía quedar atrás, sino que tenía que ir por una legislación más de avanzada que en los otros municipios donde se limitan a bolsas y popotes. Eso es lo que podemos leer de una imposición como esta”.

Bajo este contexto, señaló que el dictamen será eficaz en la medida en que la autoridad sea capaz de cumplir con grandes retos en los próximos meses.

Supongamos que efectivamente todas las bolsas serán compostables. De aquí a diciembre tenemos que generar la norma para evaluar la compostabilidad, los laboratorios que los puedan valorar, la evaluación misma, es decir toda la experiencia y, por muestra, toma entre tres y seis meses de trabajo, y se puede ir, efectivamente, hasta a un año. Es una labor intensiva y no hay una fila de laboratorios que quieran hacerla”.

Además de los laboratorios, otro desafío es generar los mecanismos de certificación, crear un sello distintivo o una marca que indique que la bolsa, cuchara o tenedor…, son compostables.

Como indica Alethia Vázquez, si no se despliegan estos mecanismos, en enero se propagarán productos de plástico en el mercado con la leyenda “compostables”, y no lo serán.

No basta con la prohibición

Las bolsas compostables se degradan en composta y no en rellenos sanitarios. La recomendación de los expertos es modificar la forma en que se separan los residuos, y esta actividad se tiene que hacer en las casas, en los camiones de basura y en las estaciones de transferencia.

¿Qué criterios utilizó la autoridad para decidir esto es de un solo uso y esto no? Es algo que tenemos que preguntarles a ellos”.

Proyecto cancelado

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no se perderá el juicio de nulidad de la Planta Termovalorizadora que la empresa Termo WTE, filial de Veolia obtuvo tras la licitación que emitió el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En reiteradas ocasiones, la mandataria dejó en claro que el proyecto se cancela. “Era una deuda altísima que no resolvía el problema de la disposición final de los residuos sólidos y sigue parado y va a seguir parado”.

La termovalorización trata los residuos sólidos inorgánicos y les da un nuevo uso. Estos dejan de ser basura y se emplean como energía limpia. Federico E. Casares López, director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de Veolia México, asegura que la finalidad de esta tecnología es gestionar los residuos sólidos urbanos (RSU) para disminuir a rellenos sanitarios y reducir el costo ambiental.

 

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